La Fiscalía General de la Nación, mediante comunicación suscrita por la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, respondió el requerimiento hecho por el Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, en relación con la indagación penal identificada con la noticia criminal 110016000088200800056 y a las acciones desarrolladas por la institución en contra del ‘Clan del Golfo’ en la costa norte del país. Lo anterior, de conformidad con el artículo 251, numeral 6, de la Constitución Política.

Este informe contiene, en primer lugar, la descripción de los escenarios de articulación y entrega de información que la Fiscalía ha tenido con el gobierno del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en materia de lucha contra las organizaciones criminales.

En segundo lugar, se aporta información sobre el caso en concreto, con la advertencia de que se encuentra protegida por la reserva. En este sentido, indica los hechos que le dieron origen al proceso, su territorialidad y temporalidad (2008-2010) y las actividades desarrolladas para el impulso de la investigación. Asimismo, detalla los resultados en materia de esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022, que fueron mencionados en un reportaje periodístico, pero que son ajenos a esa indagación.

En un tercer lugar, se brinda un informe minucioso en materia de investigación y judicialización de la criminalidad organizada en la Costa Atlántica, con énfasis en el grupo ilegal ‘Clan del Golfo’.

Esto incluye datos de dos temporalidades distintas. La primera hace alusión al periodo 2008- 2010, que hace referencia a la indagación objeto de la solicitud. La segunda corresponde al periodo 2020-2023, con la metodología y estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación liderada por el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.

Aquí se hace énfasis en los logros investigativos y judiciales obtenidos contra el ‘Clan del Golfo’ en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena; las cifras de la estrategia en materia de homicidios en contra de defensores de derechos humanos y la afectación a las finanzas ilícitas de ese grupo armado ilegal.

Finalmente, se anexa una explicación de los resultados históricos de esta Fiscalía General de la Nación contra los grupos paramilitares, en el marco de la Ley 975 de 2005.