La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el BANCO CORPBANCA S.A.

El contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo Valderrama se desempeñó como gobernador de Antioquia. El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $ 77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.

Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.

Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.

Esta investigación se inició en el 2015. Por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento.