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La Contraloría General de la República, realizó un estudio que evaluó los resultados de la estrategia nacional de financiamiento climático en Colombia, 2022- 2023 a partir del cual se logró evidenciar que existen problemas tanto en la cantidad como en el acceso a la información, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación de la brecha de financiamiento.
Aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, persisten limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales. Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados.
Actualmente, la estimación no incluye los recursos provenientes de la cooperación internacional ni del sector privado, lo que limita la visión real sobre el aporte total al logro de metas y al financiamiento climático. Además, los datos sobre recursos movilizados provienen de diferentes sistemas que no identifican claramente la inversión destinada al cambio climático, por lo que es necesario realizar procesos adicionales de verificación y clasificación, lo que afecta la rapidez y precisión de los datos.
El estudio evaluó la línea “Desarrollo de instrumentos económicos y financieros”, hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022. Además, no existe un monitoreo que asegure el cumplimiento de sus objetivos, imposibilitando evaluar su eficacia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento.
La estimación de la brecha de financiamiento se realizó exclusivamente con base en fuentes públicas, la mayor inversión en proyectos para cambio climático en los años 2022 y 2023 provino de los presupuestos municipales (40,1 %), seguido por los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) (29,2 %), el Presupuesto General de la Nación (PGN) (20,9 %) y, finalmente los departamentales (9,8 %).
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