“El derecho a la educación en zonas rurales requiere compromisos y esfuerzos de todos. La profundización de las brechas de la pobreza, la desigualdad, la precariedad en las condiciones de vida y la inexistencia de justicia social son las principales problemáticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en los campos de Colombia”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el foro ‘Situación del derecho a la educación en zonas rurales: retos para su garantía’, llevado a cabo en la Universidad de los Andes.

En Colombia, del total de las sedes educativas (47.757) que enfocan sus servicios en el nivel de básica primaria, el 73,1 % se ubica en zona rural y el 26,9% en zona urbana, por lo que el Defensor anotó: “El derecho a la educación en corregimientos, veredas y sitios apartados de los cascos urbanos requiere compromisos y esfuerzos de las administraciones que involucran los niveles nacional, departamental y municipal. Un empeño decidido, sin ambages”.

La Defensoría del Pueblo, con el trabajo acucioso de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaboró un estudio de caso en perspectiva de derechos, con el fin esencial de establecer el nivel de garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en la ruralidad de Risaralda, Sucre, Guainía, Chocó, Vaupés, Nariño y Bogotá, con especial énfasis en los menores de edad, al constituirse en sujetos de especial protección constitucional, y formular las recomendaciones pertinentes.

Del total de entrevistas realizadas en las instituciones educativas visitadas, hay un porcentaje considerable de inconformidades manifestadas en temas de infraestructura educativa (84,93 % de los encuestados), por el estado de abandono y precariedad de las instalaciones y su dotación, seguido del escaso o nulo mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte escolar (38,35 %) y problemas con la cobertura de la alimentación escolar, pues no es completa (36,98 %).

En relación con los bienes y servicios disponibles, el 64,29 % no cuenta con aulas de informática y equipos en buenas condiciones para desarrollar y apoyar sus actividades, tan solo el 10 % cuenta con laboratorios de física y química. Sin embargo, el 94 % tiene electricidad, el 95 % dispone de agua y el 92,86 % cuenta con servicio de internet.

Sobre lo concerniente a vías de acceso a los centros de educación, el 21,43 % está en regular o mal estado; el 64,28 % cuenta con algún tipo de espacio deportivo, de los cuales el 55,6 % se encuentra en regular estado y el 44,4 % en mal estado; el 78,57 % no cuenta con espacios culturales.

El 64,25 % de las sedes educativas se quejó de la falta de docentes con adecuado perfil para áreas específicas o especializadas. Solamente el 35,71% de los docentes entrevistados indicó haber participado en capacitaciones de fortalecimiento de competencias una vez en el último año.