“Luego de 15 años de hacerle seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, con la cual la honorable Corte Constitucional impartió órdenes para preservar la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud”, es el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al alto tribunal.

En consecuencia, agrega el Defensor, “demanda acciones de todas las autoridades y particulares que forman parte del sistema, por lo que se hace urgente que la Corte Constitucional emita órdenes encaminadas a garantizar tan importante derecho humano”.

La entidad de derechos humanos ha constatado el incumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte, razón por la cual se hace necesario que sean corregidas las medidas adoptadas por el actual Gobierno, que han puesto en alto riesgo la vida, integridad y salud de los usuarios del sistema.

“La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”, reclama el Defensor del Pueblo.

A propósito del Magisterio, como modelo especial de salud, se ha venido implementando sin que se haya establecido un régimen de transición adecuado que garantice la protección del derecho humano a la salud de cerca de 819.000 afiliados. Ello está poniendo en riesgo, particularmente, a quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas, de alto costo, y a aquellas personas con tratamientos permanentes.