De acuerdo con el reporte preliminar realizado por la Unidad para las Víctimas, han sido elegidas e instaladas 1.024 mesas municipales de participación efectiva de víctimas, lo que representa un porcentaje del 92,5 por ciento de la totalidad de municipios del país, en desarrollo de un proceso que se cumplió entre el 10 y el 30 de octubre pasado.

El referido porte preliminar también indica que hubo un 46 % en la renovación de los liderazgos de esas mesas de participación.

En estas mesas se eligieron representantes por los diferentes enfoques diferenciales y hechos victimizantes de los que habla el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas. Es decir, para los primeros habrá representación de mujeres, jóvenes, población LGTBI, personas mayores, personas con discapacidad y grupos étnicos; y para los segundos, por vida y la libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual, integridad física y psicológica, víctimas de minas antipersonas (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) y desaparición forzada.

De las 100 mesas que no han surtido el proceso de elección, en 15 no se llevó a cabo inscripción por parte de organizaciones de víctimas y en las 85 restantes el hecho está relacionado con asuntos legales (tutelas al proceso), calamidad pública (inundaciones) y alteración del orden público, especialmente.

Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado a las secretarías técnicas y a las administraciones locales para que “encuentren una forma de realizar cuanto antes la elección y esas víctimas no se queden sin representatividad”.

El proceso democrático continuará con la elección de las mesas departamentales de víctimas y del Distrito Capital, entre el 10 y el 30 de noviembre; la Mesa Nacional, entre el 10 y el 15 de diciembre, y la elección de los delegados de víctimas en el exterior, los días 11 y 12 de noviembre.

Para esta quinta elección de mesas de participación para el periodo 2021-2023 se postularon cerca de 37.920 víctimas de 8.569 organizaciones, quienes integrarán las mesas de víctimas, espacios de participación y representación de la población afectada por el conflicto establecidas en la Ley 1448 de 2011, para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales (municipal, departamental, distrital y nacional) con el fin de incidir desde ellas en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.