Con el fin de consolidar estrategias de movilidad y transporte en las ciudades y aglomeraciones urbanas para contribuir al bienestar social, la protección del ambiente y el crecimiento económico, el Gobierno Nacional pondrá en marcha la política de movilidad urbana y regional, aprobada por el Conpes.

La iniciativa que tiene un costo cercano a los $ 12.000 millones permitirá mejorar la calidad del servicio de transporte público, incentivar el uso de medios no motorizados como la bicicleta y la caminata, promover el uso eficiente y racional del transporte motorizado particular, reducir el número de víctimas fatales y lesiones por siniestralidad vial y gestionar estrategias de desarrollo orientado al transporte sostenible.

Para impulsar la movilidad integral una de las primeras tareas es la reducción de la congestión, para lo cual se fortalecerán los sistemas inteligentes de transporte, se diseñará un plan de acción para la reducción de pérdidas de tiempo en las entradas a las ciudades y se llevará a cabo la priorización de proyectos de transporte público con un alto potencial para la movilización de usuarios.

Para disminuir la siniestralidad vial se diseñarán acciones para mitigar los siniestros viales asociados a los estándares técnicos de los vehículos que se comercializan en el país y se analizará el impacto de la penalización de conductas contra la seguridad vial.

Para fortalecer la institucionalidad del sector, se reglamentarán los planes de movilidad que solo tienen el 29 % de los municipios, mientras la Nación fortalecerá su apoyo técnico a partir de una metodología de alertas para el seguimiento de los procesos de cofinanciación de sistemas de transporte público, y la articulación con buenas prácticas de gobernabilidad y modelos de gobierno corporativo.

Otras acciones permitirán consolidar los mecanismos de financiamiento para la movilidad sostenible, que además de proporcionar lineamientos para la implementación de fuentes alternativas de financiación buscan la actualización del régimen tarifario, los criterios para la definición de tarifas al usuario y de las metodologías de remuneración a los operadores del sector.