Los campesinos que durante mucho tiempo buscaron la titularidad de los predios del cual ocuparon por más de una década, hoy gracias a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras pudieron regresar luego que el Tribunal de Cartagena ordenara la restitución de los terrenos ubicados en la Hacienda Pacho Prieto ubicada entre los municipios de Curumaní y Chiriguaná, Cesar.

Dentro del proceso de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras lideró el retorno de las siete familias campesinas, que regresaron con la esperanza de labrar sus tierras y mejorar su calidad de vida a través de las decisiones tomadas por el alto Tribunal.

Las familias serán beneficiadas con el ingreso de los solicitantes y su núcleo familiar a programas de Sena, para que participen en la oferta, formación, capacitación técnica y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano. Asimismo, el Tribunal ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluir los solicitantes en proyectos productivos, subsidios de vivienda rural, programa de adecuación y asistencia técnica de tierras.

Los beneficiarios que hoy cuentan con los títulos de propiedad son Maritza Morales López y Rafael Enrique Toro Martínez, parcela 24 de 32 hectáreas; Alcira Villareal, parcela 3 de 32 hectáreas; Manuela Pertuz Torregrosa, parcela 102 de 34 hectáreas; Alix Cristina Rivera, Porfilio Nicomedes Escobar Barahona, parcela 104 de 32 hectáreas; Juana Sofía Estrada, parcela 53 de 34 hectáreas; Diana Luz Hilario Escobar Terán, parcela 47 de 33 hectáreas y Martín Eliecer Escobar Barahona, Eufenia Murillo Meneses, parcela 50 de 33 hectáreas.

Los solicitantes retornaron a su territorio luego de que abandonaran sus predios tras los hechos de violencia que vivieron en 2000, cuando un grupo armado perteneciente a los paramilitares incursionaron al lugar para amedrentar a la población ocasionando el desplazamiento forzado de los hoy restituidos.

Para el 2001, en el casco urbano de los municipios de Chiriguaná y Curumaní, los paramilitares cometieron múltiples asesinatos, extorsiones e intimidaciones con el fin de obtener control social y territorial de la zona, situación que dio lugar al desplazamiento masivo de la comunidad hacía pueblos circunvecinos.