El Ministerio de Justicia y del Derecho puso en marcha la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en 15 municipios de los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Magdalena, La Guajira, Nariño y Norte de Santander, para fortalecer el acceso a la justicia de las comunidades y promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Los municipios de Murindó (Antioquia); Becerril, Manaure, La Jagua de Ibirico, La Paz y San Diego, (Cesar); Medio Atrato (Chocó); Aracataca, Ciénaga y Fundación (Magdalena); Fonseca y Dibulla (La Guajira); Los Andes (Nariño); El Zulia y Bucarasica (Norte de Santander) recibirán el apoyo técnico del MinJusticia para que, con el apoyo de las administraciones territoriales, puedan crear el Comité Local de Justicia y definir las acciones que permitan acercar la justicia a los ciudadanos.

Los Sistemas Locales de Justicia permiten el acceso más cercano y ágil a la justicia: al contar con instancias de resolución de conflictos y servicios judiciales en su propio municipio, los y las ciudadanos pueden acceder a la justicia de manera más rápida y sin tener que acudir a lugares distantes.

Asimismo, permite la resolución pacífica de conflictos, mayor participación ciudadana: estos sistemas fomentan la participación de la comunidad en la resolución de sus propios conflictos, lo que empodera a los ciudadanos y les permite tener un papel más activo en la búsqueda de soluciones.

“Los municipios contarán con el apoyo y acompañamiento técnico del Ministerio de Justicia y del Derecho. Vamos a trabajar de la mano con las administraciones municipales. Esperamos un proceso coordinado y en articulación permanente con todas las fuerzas vivas de cada uno de los municipios, reconociendo las voces, saberes y experiencias de las comunidades», señaló el director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Andrés Peña.

Con esta iniciativa el Ministerio de Justicia completa 156 sistemas locales de justicia en todo el territorio nacional. Esta estrategia impulsa el diálogo y el encuentro entre los operadores de justicia, las autoridades y las comunidades, favoreciendo la disminución de barreras de acceso a la justicia y generando condiciones para solucionar los conflictos en los territorios.