Los días 10 y 11, 15 y 16 de mayo, en Montería, Córdoba, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso se presentará de manera virtual ante la JEP para demostrar que actuó como ‘bisagra’ o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto armado. De la calidad de sus aportes dependerá si se puede someter o no a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Durante cuatro días de Audiencia Única de Verdad, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Mancuso Gómez -quien se encuentra en un centro de reclusión en Estados Unidos- deberá superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria. A partir de los aportes presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga, se resolverá su situación jurídica en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ante la magistratura y las víctimas, en calidad de oyentes, Mancuso Gómez debe aportar información verídica y constatable de con quiénes se relacionó en los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, que no hayan sido judicializados, para planear, ejecutar y ocultar los crímenes, además de tejer alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares en las zonas en que operaron.

Como punto de partida, en el proceso de contrastación judicial, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se basó en un informe elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP que reúne el contexto macrocriminal de las estructuras paramilitares que operaron en Córdoba bajo el mando de Mancuso. Es en ese departamento donde inició y se consolidó su rol como comandante paramilitar. El contexto será presentado a través de varios videos que sintetizan los primeros rasgos de los cuatros patrones macrocriminales.

Además, Córdoba constituye uno de los territorios claves para entender la lógica de incursión y expansión del fenómeno paramilitar. ¿La razón? los modus operandi, prácticas, planes y/o políticas que fueron puestas en marcha se replicaron en otras regiones del país, como Norte de Santander, Sucre y Cesar.

Para construir el informe, el Grai consultó 120 fuentes judiciales provenientes de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Consejo de Estado, así como sentencias de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras. También tuvo en cuenta cinco informes entregados a la JEP por entidades del Estado, el Informe Final de la Comisión de la Verdad, nueve informes de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, y doce informes de prensa.