La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Cesar – La Guajira, presentó un balance positivo de gestión en 2025, evidenciando avances significativos en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, tanto en la etapa administrativa como judicial, así como en la atención a sujetos colectivos y comunidades étnicas.

Durante la pasada vigencia, la entidad logró la suscripción de 307 decisiones de fondo relacionadas con solicitudes en ambos departamentos, producto del trabajo de los equipos interdisciplinarios. De estas decisiones, el 80% fue favorable para las víctimas, permitiendo la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que representa un impacto positivo en el acceso efectivo a la justicia.

Este resultado evidencia una mejora sustancial frente a la vigencia 2024, cuando se adoptaron 280 decisiones con un 70% de inscripción. Por ello, se refleja un incremento tanto en volumen como en efectividad de los procesos adelantados.

“En 2025, reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los procesos administrativos para garantizar decisiones justas, oportunas y ajustadas a la realidad de quienes reclaman sus derechos sobre la tierra”, indicó Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la URT Cesar – La Guajira.

Frente a la atención de sujetos colectivos, se gestionaron importantes avances en los casos de Minas de Iracal, en el municipio de Pueblo Bello; La Concordia, en Agustín Codazzi; y El Caimán, en los municipios de La Paz y San Diego, para alcanzar un total de 35 inscripciones colectivas en el registro. Adicionalmente, durante la vigencia se revocaron 45 actos administrativos que fueron negados en gobiernos anteriores, los cuales fueron nuevamente estudiados para garantizar decisiones de fondo acordes al contexto de las víctimas.

En la etapa judicial, la Dirección Territorial Cesar – La Guajira presentó 199 demandas de restitución de tierras ante los jueces especializados, por lo que superó la meta establecida para 2025 (191 demandas), con un cumplimiento del 104%.

Se destaca la demanda colectiva del caso El Caimán, que reconoce afectaciones no solo individuales, sino comunitarias y territoriales, al buscar una reparación integral para ocho familias víctimas del conflicto armado. Sobre este proceso, Murillo Clavijo señaló: “la presentación de demandas, en especial las de carácter colectivo, demuestra el esfuerzo institucional por llevar los casos hasta la etapa judicial y avanzar hacia una reparación integral que reconozca el daño territorial y comunitario causado por el conflicto”.

Finalmente, en el marco de la ruta étnica de restitución, la URT Cesar – La Guajira alcanzó un cumplimiento del 100% en todas las actividades previstas durante la vigencia 2025, conforme a los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. En este periodo se realizaron siete (7) jornadas de socialización, nueve (9) estudios preliminares, ocho (8) caracterizaciones de afectaciones territoriales y se radicaron ocho (8) demandas de restitución étnico-territorial en favor de pueblos afrodescendientes e indígenas de ambos departamentos.