La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que estas adopten medidas que garanticen que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la indemnización, y en general a la reparación integral en un tiempo razonable.

El órgano de control recomendó a las tres entidades incluir en el Documento CONPES, que está en proceso de elaboración, las disposiciones necesarias para llevar a cabo la reparación económica de las víctimas, teniendo en cuenta que el año pasado la UARIV presentó una estimación de 49.5 billones para pagar indemnizaciones. Asignación presupuestal que no es la prevista para los próximos 10 años.

Asimismo, la Procuraduría instó a las entidades competentes a mantener actualizada la apropiación presupuestal, luego de identificar en una acción de vigilancia preventiva, que entre junio de 2011 y julio de 2020 solo el 10,5 % del total de las víctimas recibieron el pago de indemnización, lo que equivale a 6.3 billones.

En el informe presentado por la Procuraduría se alertó que, de continuar con la dinámica de pagos efectuados en 2020, que ascendió a 805.120.463.201, se requerirán 62 años para indemnizar a las 9.090.995 de víctimas. Lo que también preocupa porque en la propuesta de Documento Conpes publicada por el Gobierno Nacional, no se incluyen cambios para acelerar el pago de esta medida de reparación.

Si bien el órgano de control reconoció el esfuerzo presupuestal realizado por el Gobierno Nacional, también recomendó a la Unidad para las Víctimas efectuar las modificaciones técnicas necesarias que ayuden a identificar el número de personas que cuentan con este derecho, y desarrolle acciones eficientes que disminuyan los tiempos y trámites; pues persisten deficiencias y demoras en la respuesta institucional, lo cual evidencia una falta de capacidad de la UARIV, además de un posible desconocimiento de la hoja de ruta a seguir por parte de la población víctima.