El 14 de junio de 2016 la Superintendencia Nacional de Salud llegó a Maicao, La Guajira, para hacer una primera intervención del hospital San José porque encontró graves problemas de tipo asistencial, económico y administrativo.
No obstante, el 29 de agosto de 2018, ya bajo la dirección del actual Superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, se decidió hacer una nueva intervención al no evidenciar avances significativos que remediaran los indicadores y especialmente la situación financiera de este centro asistencial que es referente en la región.
Los hallazgos en ese momento fueron alarmantes: deudas por más de 11.000 millones de pesos con el personal de planta y con los contratistas, no había licencia de funcionamiento para rayos X, no se había implementado el Triage en urgencias y se ofrecían especialidades que no contaban con el personal profesional idóneo para prestarlas.
A menos de 17 meses de la nueva intervención, a cargo de Édgar Giovanni Salamanca, agente designado por la Supersalud, los resultados ya arrojaban cifras positivas.
Para diciembre del año pasado, el hospital se puso al día con sus obligaciones laborales y, a la fecha, sigue cumpliendo con el pago al personal de planta, a los contratos de prestación de servicios y a los proveedores corrientes.
Aumento del recaudo
Por su parte, el recaudo por concepto de cartera subió de 20.923 millones de pesos en 2018 a 32.847 millones de pesos en el 2019; mientras que la facturación por venta de servicios hospitalarios, de un año a otro, aumentó de 39.370 millones de pesos a 48.291 millones de pesos.
En temas asistenciales y administrativos, se dotó el servicio de urgencias, se trajeron nuevos equipos biomédicos y muebles de uso hospitalario para los servicios de baja complejidad, se adquirió un tomógrafo para el servicio de imágenes diagnósticas, se construyó el área de lavandería y se adquirieron dos aires acondicionados, todo ello con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos.
En relación con el componente jurídico, en agosto de 2018 el hospital carecía de defensa judicial alguna, no tenía inventario de procesos y no daba una respuesta oportuna a las acciones de tutela, derechos de petición y demandas.
Igualmente, el comité de sentencias y conciliaciones no operaba, por lo que se implementó el Manual de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico de la entidad, con la asesoría de la Procuraduría General de la Nación.
Ahora, gracias al seguimiento y las acciones de la Oficina Jurídica, se han recuperado 900 millones de pesos, que equivalen al 77 % de los procesos en contra de la entidad.
Atención eficaz para todos
En relación con las acciones tendientes a la atención y control del coronavirus en este centro asistencial, en el que se prestan servicios a la población migratoria, se vienen realizando obras para la adecuación de 10 camas UCI.
Así mismo, se instalaron 11 unidades de vivienda para ubicar 66 camas de hospitalización, recibidas por la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las cuales están en proceso de dotación para poder hospitalizar y aislar a las personas que resulten afectadas por la pandemia.