En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha conocido 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de su ‘Botón de registro de casos’. Sin embargo, hay un subregistro grande debido al silencio de las familias, pues temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos, asesinatos, todo ejercido por los grupos armados ilegales.

“Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75 % de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De los casos reportados a la entidad, el 59,6 % corresponde a niños y adolescentes y el 40,3 %, a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.

Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos. Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien.

En el 2023 han sido emitidas 35 Alertas Tempranas por la Defensoría del Pueblo, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.

Desde el 2021, cuando la entidad habilitó el ‘Botón’, ha sido reportado un total de 344 casos, de los cuales el 48 % corresponde al 2023; es decir, ha habido un aumento proporcional del delito.

Facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos (con el 91,1 %), les siguen el Eln (7 %), otro (1,3 %) y los grupos posdesmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6 %).