Durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a firmantes del acuerdo de paz, cumplida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, destacó la labor que ha venido realizando la entidad para desmantelar organizaciones criminales que más afectan a esa población. También se refirió a la acción penal que se adelanta contra los posibles responsables de estos crímenes.

“Una sola muerte de un firmante de paz, de un líder social, de la población, es un hecho doloroso no solamente para la familia, sino también para la sociedad y por supuesto a la comunidad en donde esa persona habita. La responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación es esclarecer los hechos que constituyan un delito, y acusar a sus responsables frente al juez”, señaló la vicefiscal, Martha Janeth Mancera.

En ese sentido, destacó el modelo implementado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en cuanto implementó la articulación, la itinerancia y la concentración como estrategias para avanzar en las investigaciones y lograr esclarecer los hechos delictivos ocurridos en los distintos territorios.

Los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de ese modelo generaron un cambio en la metodología, y en el enfoque de la investigación respecto de distintos delitos, pues se establecieron patrones de criminalidad en los territorios y se identificaron las organizaciones criminales responsables de los hechos: “los equipos hoy son itinerantes para abordar (homicidios) colectivos, abordar homicidios de firmantes de paz, abordar homicidios de defensores, abordar los homicidios de la población civil, abordar los delitos donde hay mujeres como víctimas”, afirmo la Vicefiscal.

La Vicefiscal señaló que, en algunas zonas del territorio nacional, la Fiscalía no puede ingresar por la presencia de actores armados que ponen en riesgo la acción institucional y a los funcionarios judiciales.

Además, no ha sido posible materializar 60 órdenes de captura de cabecillas de grupos armados, señalados como posibles determinadores de crímenes en los que las víctimas son firmantes del acuerdo de paz, o defensores de derechos humanos. Estas capturas son contra integrantes del Clan del Golfo, el Eln, y las disidencias de las Farc. De acuerdo con el material probatorio en poder la de Fiscalía, el 80 % de los homicidios, desapariciones y amenazas a reincorporados son causados por organizaciones criminales de las cuales el 63 % son atribuidas a las disidencias de las Farc.