La Procuraduría General de la Nación alertó que pese al rápido crecimiento del número de contagios por Covid-19 en La Guajira, el departamento aún no cuenta con la capacidad hospitalaria, los ventiladores prometidos para atender a pacientes críticos, ni se han tomado las acciones financieras y administrativas para la vinculación del personal médico asistencial, la adquisición de medicamentos, elementos de protección personal e insumos necesarios para atender la pandemia.

En carta dirigida al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, el Ministerio Público alertó sobre la situación que atraviesa La Guajira y lo exhortó para que de manera inmediata cumpla los compromisos adquiridos con el departamento a fin de garantizar la vida y salud de los pobladores.

Mediante la acción preventiva adelantada por el órgano de control, se pudo establecer que para el 20 de junio de 2020 se registraban 251 casos confirmados con covid-19, 21 pacientes hospitalizados y 11 personas fallecidas y la saturación de la capacidad instalada en las Unidades de Cuidado intensivo – UCI- alcanzaba el 55 %.

Para la Procuraduría es urgente el envío de los equipos médicos necesarios para la atención de los pacientes, que se realicen las adecuaciones en la infraestructura hospitalaria y se garantice la puesta en operación de nuevas camas de hospitalización general, cuidados intermedios y UCI.

Advirtió que es indispensable enviar una comisión interdisciplinaria de profesionales que se ocupe de asesorar, acompañar y gestionar la financiación y ejecución de los recursos, con la articulación del Administrador Temporal designado por esa cartera ministerial, la gobernación, los municipios y las empresas sociales del Estado, para asegurar la ejecución de las acciones del plan de expansión de la infraestructura médico asistencial hasta su conclusión satisfactoria.

Finalmente, la Procuraduría señaló que es indispensable que se valide la idoneidad de las medidas de control del contagio y propagación del virus implementadas en esa región del país, para impedir un agravamiento de los efectos sanitarios y sociales derivados de la pandemia sobre los habitantes de La Guajira.