La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, les solicitó a los entes de control que, en el marco de sus competencias, realicen investigaciones y auditorías especiales al Fondo para la Reparación a las Víctimas. También pidió que adelanten las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y proteger el patrimonio y transparencia de la entidad.

Esta solicitud se hizo tras un análisis preliminar del estado en el que se encuentra la Unidad. Según indicó Tobón Yagarí, esta nueva administración identificó posibles actos irregulares que afectan la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado.

“Es importante iniciar las acciones pertinentes para que no sigan ocurriendo este tipo de actos. En este Gobierno estamos decididos a defender los recursos y la transparencia de las instituciones. Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción”, afirmó.

Una de las situaciones identificadas fue el valor excesivamente bajo de algunos de los cánones de arrendamiento de los bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas: el equipo de trabajo reportó 43 bienes inmuebles con cánones de arrendamiento cuyo valor oscila entre los $ 4.437 y $ 103.000. Entre ellos se encuentran fincas, lotes y parcelas en su mayoría rurales.

Otro aspecto que llamó la atención fue que de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 bienes presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización. Actualmente, la Unidad indaga el estado en el que estos bienes fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación al Fondo.

“Tenemos cuatro años para realizar acciones de reparación integral y atender las necesidades de las víctimas. Sin embargo, encuentro muchísimas anotaciones de Contraloría y Procuraduría que muestran cómo las brechas que existen entre las normas y el incumplimiento de la entidad son reiterativas con las víctimas del conflicto, y eso ha afectado en su reparación y en los modelos de atención que no se resuelven con dignidad”, señaló.