Luego de recibir más de un centenar de quejas en varios departamentos de la región Caribe por mala prestación del servicio de energía eléctrica, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios revisar la situación.

En lo que va corrido del año, la entidad ha recibido más de 100 quejas sobre la deficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y Magdalena.

“La prestación eficiente de los servicios públicos se relaciona directamente con el desarrollo diario y normal de las actividades básicas de la población, así como el ejercicio de los derechos y la dignidad humana de todos los habitantes”, resaltó el Defensor del Pueblo.

“Hacemos un llamado a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica para que tomen las acciones necesarias para remediar de manera inmediata los problemas que impiden cumplir con la prestación del servicio con la continuidad y calidad debida”, añadió el Defensor.

“Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a los prestadores del servicio para que garanticen los derechos de los ciudadanos y remedien las afectaciones generadas por las acciones y omisiones en la prestación del servicio”, agregó Carlos Camargo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo resaltó que, desde las Defensorías Regionales continuarán haciendo seguimiento a la situación para que se adopten las medidas que permitan garantizar la cobertura del servicio y el mejoramiento de la calidad del mismo.

La Defensoría ha recibido desde el 2016, 2.188 quejas relacionadas con la deficiente calidad en la prestación del servicio de energía y abuso en el cobro de tarifas en Caribe. La mayoría de ellas en contra de la extinta Electricaribe y durante 2021 son 56 contra Afinia, que es el actual operador.

Finalmente, se exhorta a los prestadores del servicio público de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y Magdalena, dar cabal cumplimiento a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tanto en lo relativo al respeto y garantía de dichos derechos, como frente a la obligación de remediar las afectaciones que, producto de sus acciones y omisiones, se causen a dichas garantías fundamentales.