La Defensoría del Pueblo realizó una jornada jurídica dirigida a personas privadas de la libertad pertenecientes al pueblo Wayúu, con el propósito de garantizar su acceso efectivo a la justicia y el respeto de sus derechos fundamentales. Según la oficina jurídica de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha (CPMS-Riohacha), actualmente se registran 27 personas privadas de la libertad pertenecientes a la población indígena.

Durante la jornada fueron atendidas 21 de ellas y se contó con la presencia de un juez de ejecución de penas, quien explicó los motivos de las demoras en el trámite de algunas solicitudes, brindó orientación jurídica y atendió requerimientos individuales. Asimismo, participó el primer Defensor Público Wayúu de Buen Futuro, quien, en su lengua materna, acompañó a las personas recluidas.

Entre los principales obstáculos identificados se encuentran barreras en el acceso a la salud, la falta de intérpretes y la ausencia de un enfoque diferencial en la atención integral.

Como parte de los compromisos, la Defensoría realizará el seguimiento de los casos con solicitudes pendientes ante los despachos de ejecución de penas, especialmente de personas con presunta pena cumplida. Para agilizar estos trámites, la entidad reforzará la coordinación con el Inpec y las autoridades judiciales. Asimismo, mantendrá brigadas periódicas con enfoque diferencial que aseguren la participación de intérpretes en lengua materna, garantizando que el origen étnico o el idioma no sean barreras para el acceso a la justicia.