La Defensoría del Pueblo, en el marco del Decimocuarto Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, expuso la necesidad de que, ante la liquidación de las entidades prestadoras de salud, se priorice a los beneficiarios de estas entidades y a los convenios que se deben llevar a cabo para que los tratamientos médicos continúen.

«La liquidación de las EPS debe tener como foco a los pacientes y la continuidad de los tratamientos de los beneficiarios», aseguró el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, en el panel sobre la labor de los órganos de control y las problemáticas del sistema integral de seguridad social conformado por la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con la moderación del Consejo de Estado.

La Defensoría llevó al conversatorio la problemática actual en los territorios más alejados del país ante la liquidación de las empresas prestadoras de salud, que se evidencia cuando existen tratamientos de atención inmediata y ante esta situación una EPS liquidada no cumple con el previo traslado de sus pacientes con convenios efectivos, lo que genera graves riesgos a la vida de los pacientes.

En las visitas de verificación en terreno que adelanta la Defensoría en todo el país, se ha constatado que las empresas prestadoras de salud solo tienen oficinas en las cabeceras municipales y capitales de departamento, por eso, en las zonas rurales alejadas, por ejemplo, en los departamentos de la Orinoquía, Amazonas, Guainía y Guaviare, el sistema de salud es solo letra escrita en la Ley, pero no es accesible para la ciudadanía.

En el panel, la Defensoría del Pueblo también expuso la labor de su Delegada para el Derecho a la Salud y Seguridad Social en el acompañamiento frente al tema de las tutelas por los servicios de salud. La información más reciente de la Delegada muestra que de las 176.000 tutelas que se han recibido en el primer semestre de este año, cerca de 53.000 aluden al derecho a la salud, lo que representa un 30.5 % de la totalidad de las tutelas, evidenciando que este es el derecho más tutelado, cuando es uno de los reconocidos como un derecho fundamental.