La Defensoría del Pueblo solicitó que sea declarado el desacato de las órdenes emitidas en la Sentencia T-302 de 2017, y llamó la atención al Gobierno Nacional por el incumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el departamento de La Guajira y ordenó la creación de un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas (Messep).

En mesa técnica de seguimiento a lo ordenado por el alto tribunal, fue analizado el tema y recordado por la Defensoría que el Messep tiene como fin garantizar los derechos de las niñas y los niños wayúu al agua, alimentación, salud, igualdad y diversidad cultural, así como hacer cumplir las condiciones establecidas en la Sentencia, con la finalidad de que sea superado el ECI, entendido como alcanzar los mínimos niveles de dignidad en los indicadores básicos de nutrición infantil.

Sin embargo, seis años después de emitida la Sentencia aún existe un incumplimiento grave de las órdenes invocadas, por lo que continúa la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayúu.