Ante la creciente problemática de desprotección de los habitantes de calle en Valledupar, Cesar, la Defensoría del Pueblo logró un importante avance en la protección de los derechos de esta población vulnerable.

A través de una acción popular, la entidad busca salvaguardar derechos colectivos fundamentales como la seguridad y salubridad pública, acceso a servicios básicos, el goce de un ambiente sano y el uso adecuado del espacio público.

La acción legal reveló la falta de una política pública local que atienda las necesidades de estas personas, lo que llevó a una sentencia histórica. El fallo judicial determinó que tanto el municipio de Valledupar como el departamento del Cesar están incumpliendo sus obligaciones, vulnerando los derechos de los habitantes de calle.

En consecuencia, se ordenó que, en un plazo máximo de seis meses, las autoridades municipales realicen las acciones necesarias para identificar y caracterizar a esta población. Asimismo, en un término de nueve meses, deberán destinar los recursos económicos y ejecutar los procesos contractuales pertinentes para implementar un hogar de paso o espacios suficientes que aseguren la atención integral de estas personas, garantizando el acceso a alimentos y un entorno digno.

Desde la Defensoría del Pueblo se reitera el compromiso en la defensa de los derechos de los habitantes de calle, a fin de que estas medidas representen un avance significativo en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.