La Defensoría del Pueblo advierte que la vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en Colombia no puede quedar supeditada a trámites administrativos, barreras burocráticas o demoras injustificadas en la entrega de medicamentos. Como institución garante de los derechos humanos, la Entidad se une al llamado realizado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma frente a las graves dificultades que persisten en el acceso oportuno a diagnósticos, tratamientos y fármacos esenciales.

Actualmente, 13.126 menores de edad viven con cáncer en el país y la prevalencia de esta enfermedad aumentó un 125 % entre 2019 y 2024. Estas cifras reflejan no solo un desafío sanitario creciente, sino la urgencia de adoptar medidas estructurales que garanticen continuidad en los tratamientos, disponibilidad permanente de medicamentos y rutas de atención claras y supervisadas.

Aunque en Colombia existen 48 unidades oncológicas pediátricas, la ausencia de control efectivo en los tiempos de diagnóstico y tratamiento impide que la atención sea verdaderamente oportuna. La fragmentación en los servicios, las autorizaciones tardías y la entrega incompleta de medicamentos siguen poniendo en riesgo la vida de la población paciente más vulnerable.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para priorizar 56 fármacos pediátricos esenciales, así como incluir indicaciones oncológicas infantiles en medicamentos de bajo costo que hoy no cuentan con registro específico para su uso en esta población. Es fundamental garantizar su disponibilidad incluso cuando no exista interés comercial suficiente por parte del mercado farmacéutico.

Asimismo, exhorta a las EPS —especialmente aquellas que se encuentran bajo medida de intervención— a entregar el 100 % de los medicamentos pendientes y a asegurar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones. La garantía del derecho fundamental a la salud de los niños y niñas con cáncer no admite excusas administrativas ni dilaciones.

La entidad de derechos humanos reitera que la protección integral de la niñez exige acciones inmediatas, coordinación interinstitucional y decisiones firmes que antepongan la vida y la dignidad humana por encima de cualquier trámite. La salud de la infancia es un imperativo constitucional y ético que el Estado y el sistema de salud deben cumplir sin excepciones.