La Defensoría del Pueblo radicó un proyecto de ley que tiene como propósito esencial deshacinar las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). En la actualidad y a nivel país, el hacinamiento es del 123% en esos centros de detención transitoria.

La iniciativa, cuyo fin es que sean modificados algunos artículos del Código Penitenciario, establece un listado de fuentes de financiamiento para que los entes territoriales inviertan recursos que permitan, por ejemplo, la construcción de sitios de reclusión para los sindicados o detenidos preventivamente y, de esta manera, brindar las condiciones mínimas, además de garantizar una serie de derechos fundamentales.

“Hemos presentado esta iniciativa para que el Gobierno Nacional, las alcaldías y gobernaciones asuman una responsabilidad real en la atención a estas personas privadas de la libertad. Esperamos que, una vez aprobado el proyecto de ley, sean puestas en marcha medidas que contribuyan al deshacinamiento y a la garantía de mínimos vitales como la alimentación y sitios de detención en condiciones dignas, de salubridad, entre otros”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El proyecto, que en su radicación fue acompañado por congresistas de distintas bancadas, también ayudará a la separación efectiva entre condenados y procesados, lo cual impulsará al Gobierno Nacional a centrar esfuerzos en la resocialización de la población condenada.

Esta iniciativa contó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), organizaciones que, al conocer en detalle las problemáticas en las estaciones de Policía y URI, aportaron ideas significativas.