Al dar inicio al primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que en el monitoreo que la Entidad ha venido efectuando al fenómeno de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto.

“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36 % de los casos”, dijo el Defensor del Pueblo.

“Ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, subrayó.

En ese sentido, según explicó el Defensor del Pueblo, las principales causas que originan las ocupaciones de tierras están relacionadas con dos particularidades. En primer lugar, con comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso suficiente a la misma y reclaman derecho al acceso progresivo a la propiedad. Estas situaciones se presentan en predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales y, además, en predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Una segunda causa, según el Defensor, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “de los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”.