La Defensoría del Pueblo alertó por la situación que se presenta en la operación y disposición de residuos en los rellenos sanitarios, celdas de transición y botaderos a cielo abierto de 16 departamentos del país.

La entidad realizó seguimiento a los rellenos sanitarios: Blue Lizard y Magic Garden (San Andrés y Providencia), Capurganá (Chocó), Carrasco (Bucaramanga, Santander), la Pradera (Don Matías, Antioquia) y la Celda de Contingencia El Cortijo en Puerto Tejada, (Cauca). También en el departamento de Córdoba al relleno Sanitario Loma Grande, al Botadero El Purgatorio, al Parque Industrial de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Especiales no Peligrosos-Los Cerros y al Parque Ambiental Verde las Tangaras en Cienaga de Oro.

Tras la revisión de los datos de la Superservicios, la Defensoría del Pueblo encontró que existen 94 sitios no autorizados de disposición final con riesgo de vulneración a los derechos humanos de las comunidades aledañas, principalmente se concentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó, Cesar, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre y Amazonas.

A esto se suma que algunos de los lugares de disposición autorizados están llegando al final de su vida útil. Situación especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Casanare, Cundinamarca y Tolima, cuyos sitios de disposición tienen una capacidad remanente menor a dos años, lo cual puede desembocar una emergencia sanitaria y afectaciones a las comunidades.

“La situación es muy preocupante. Por eso, para que se garanticen los derechos de las comunidades, hemos realizado incidencia sobre 10 sitios de disposición final con el ánimo de identificar oportunidades de mejora en el manejo de los residuos. También hemos presentado requerimientos y formulado recomendaciones para proteger los derechos al ambiente sano, a la salud, la vivienda digna y la prestación eficiente y oportuna de servicios públicos”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Llama la atención el incumplimiento de la normatividad que establece que para el año 2011, los sitios no autorizados (celdas transitorias y botaderos a cielo abierto) han debido cerrar o ser adecuados bajo una alternativa que cuente con los debidos permisos ambientales y que disminuya los impactos sobre las comunidades y ecosistemas”, destacó el Defensor del Pueblo.

Desde su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente la Entidad también observó que existen bajos avances en materia de aprovechamiento e implementación de tecnologías que eviten la disposición de residuos, sin que antes tengan el respectivo tratamiento y/o separación. Ante esta situación la Defensoría hace un llamado para que, de forma más efectiva, exista una intervención y articulación intersectorial que permita aplicar los principios de economía circular.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los ministerios de Ambiente y de Vivienda para que se revisen los términos de referencia sobre la construcción de rellenos sanitarios y se adecuen temas como la participación ciudadana, área de influencia, aprovechamiento de los residuos y se controlen vectores en la nueva metodología de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

La Entidad mantendrá el seguimiento a estos sitios de disposición final de residuos en todo el país y antes de finalizar el año presentará un informe.