La Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento (IS) a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025, emitida en octubre pasado), en el cual concluye que la respuesta institucional para mitigar los riesgos en los comicios de este 2026 alcanza un cumplimiento parcial.

El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad revela que el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país.

“Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de Seguimiento a la ATE 013-25.

El índice de respuesta estatal arrojó un cumplimiento bajo, toda vez que, de las 11 recomendaciones agrupadas en categorías temáticas, las acciones se limitaron a la respuesta ordinaria. En prevención y protección, ha habido un cumplimiento del 52 %, en investigación y acceso a la justicia 55 %, en acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza 65 %, en la articulación interinstitucional (29 %), en las gestiones preventivas del Ministerio Público (65 %).

“Esas once recomendaciones tuvieron un cumplimiento, según la información estatal recibida, del 42 por ciento. Y una desatención a las recomendaciones del 58 por ciento. La recomendación más rezagada, con cero cumplimientos, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas”, enfatizó la Defensora.

La coacción electoral se manifiesta con fuerza en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.