Ante el conflicto interétnico entre los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, registrado en el corregimiento Sabana Crespo, municipio de Valledupar, y originado por una disputa territorial, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando un acompañamiento integral, preventivo y humanitario frente a esta situación.

La crisis se agravó el pasado 28 de abril con el ingreso de miembros del pueblo Arhuaco al predio Monte Sión, adquirido legalmente por el pueblo Kankuamo en agosto de 2023 con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), y considerado por los Arhuacos como territorio ancestral. Este hecho derivó en la destrucción de al menos 17 viviendas, la quema de otras y enfrentamientos que dejaron alrededor de 20 personas heridas, incluidos varios menores de edad.

Frente a estos hechos, la regional en el departamento gestionó de manera inmediata la activación de un corredor humanitario, con el fin de garantizar la evacuación segura de los heridos, así como la protección de niñas, niños, mujeres, personas mayores y otros integrantes de la comunidad, varios de los cuales habían sido reportados como desaparecidos.

La entidad ha realizado múltiples acciones de verificación en terreno, incluyendo visitas al predio Monte Sión y a la comunidad de Los Laureles, donde se identificó una grave afectación a los derechos fundamentales de 74 familias, especialmente de 70 niñas y niños cuyas condiciones actuales aún son inciertas, debido a restricciones de movilidad y falta de comunicación.

Actualmente, 86 personas (41 menores de edad y 45 adultos) del pueblo Kankuamo se encuentran albergadas en la Casa Indígena de Valledupar, en condiciones críticas, sin acceso a agua potable, baños ni elementos básicos de higiene o descanso. La Defensoría ha hecho gestiones ante las autoridades locales para garantizar la entrega de ayuda humanitaria, logrando compromisos por parte de la Alcaldía y la Gobernación del Cesar para el suministro de colchonetas y alimentos.

Entre otras acciones adelantadas por la Defensoría se encuentran la participación en el Puesto de Mando Unificado (PMU), así como la solicitud y verificación de la activación del corredor humanitario.

Igualmente, se ha acompañado la entrega y protección de menores, mujeres y personas mayores, se han realizado recorridos de verificación en las zonas afectadas, y se ha avanzado en la identificación y registro de personas afectadas.

Asimismo, se ha brindado acompañamiento a las familias desplazadas albergadas en la Casa Indígena de Valledupar, he insistido ante las autoridades locales para la entrega oportuna de ayudas humanitarias.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los organismos de socorro y a las autoridades competentes para que se garantice una atención integral en salud, especialmente para menores de edad y mujeres gestantes, así como la entrega inmediata de ayudas humanitarias, kits de aseo y la mejora de las condiciones del albergue temporal.

Al mismo tiempo, la institución reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto por los pueblos indígenas y el diálogo como vía para resolver los conflictos de manera pacífica, respetuosa y garantista.