El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió este jueves un aumento del riesgo en varios municipios del país, principalmente por cuenta del incremento de las acciones del Eln y del Clan del Golfo en las últimas semanas.

Desde el Chocó, epicentro de confrontaciones entre estos dos grupos armados ilegales, el funcionario alertó que de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año.

El informe de seguimiento a la alerta temprana 004 constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos, dijo.

«Las acciones violentas del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto. Ahora bien, el informe de seguimiento reconoce la influencia en los territorios de varios grupos armados ilegales y sus disputas por las actividades criminales del narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, ‘gota a gota’, extorsiones, entre otras», explicó Camargo.

Los departamentos que tienen el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).

Y en riesgo alto están Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.

“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, concluyó el defensor. (Vía elheraldo.com).