La Defensoría del Pueblo, a propósito del reciente anuncio de intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, adelantará una serie de jornadas de verificación del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.

“Iniciaremos visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de Sanitas en todo el país y las de sus prestadores, con el fin de verificar el cumplimiento del abecé emitido por la Superintendencia para este proceso, siempre defendiendo los derechos de las personas que puedan llegar a verse afectadas o impactadas por la intervención, todo desde un enfoque de derechos humanos”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Ante dicha medida, enfatiza el Defensor, “hacemos un llamado urgente para que el equipo interventor diseñe un modelo de gestión que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esta entidad administradora de planes de beneficios de salud, priorizando a quienes padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas y asegurando que reciban la atención, diagnósticos y tratamientos necesarios sin barreras, obstáculos ni interrupciones”.

La entidad de derechos humanos fortalecerá sus acciones de promoción y divulgación del derecho a la salud y sus rutas de protección a la sociedad civil, veedurías y asociaciones de usuarios de la EPS en mención, con el propósito primario de fortalecer los mecanismos de protección establecidos en la Constitución y leyes vigentes, para lo cual, el Defensor se reunirá con las asociaciones y ligas de usuarios y con las veedurías y demás organizaciones de afiliados de Sanitas EPS el próximo lunes, 8 de abril, en su sede nacional ubicada en Bogotá.

También es fundamental proteger los derechos laborales del talento humano de Sanitas, velando por condiciones laborales justas y garantías de estabilidad en sus empleos. Así mismo, es necesario salvaguardar los derechos patrimoniales de los proveedores y acreedores de la EPS intervenida, asegurando que sus intereses sean considerados de manera equitativa y transparente en el proceso de intervención.

“Para ello, el Gobierno Nacional debe garantizar el flujo de recursos a Sanitas y las demás entidades administradoras de planes de beneficios de salud, con la finalidad de que sea mejorada la situación financiera del sector”, señala el Defensor del Pueblo.

De igual manera, la Defensoría insta a la nueva administración de la EPS Sanitas y a las autoridades nacionales y territoriales en salud a actuar con la mayor prudencia, responsabilidad y sensibilidad hacia todos los involucrados, dándole prioridad a la prestación continua y sin barreras de todos los servicios de salud y tratamientos en curso.

“A las personas afiliadas, unas 5.650.000, queremos hacerle un llamado a la calma. Los servicios de salud no deben colapsarse por excesiva demanda, las citas programadas y los tratamientos en curso deben seguir exactamente igual y nada debería reprogramarse. No es necesario intentar adelantar los servicios ni consultar la reconfirmación de los mismos; congestionar los canales de atención pone en riesgo el derecho a la salud”, llama Camargo Assis.

La entidad nacional de derechos humanos, adicionalmente, las insta a no dejarse llevar por las noticias falsas ni por el pánico, solamente, les pide, debe atenderse la información que provenga de fuentes oficiales y evitar la divulgación de noticias dudosas o que provoquen incertidumbre o temores.

“La salud es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado, y es responsabilidad de todos los actores involucrados promoverlo, garantizarlo y protegerlo en beneficio de todas las personas que habitan nuestro territorio”, remarcó el Defensor del Pueblo.