Los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, un extenso territorio biodiverso e intercultural, están en riesgo por cuenta de la presencia y hegemonía que vienen ejerciendo grupos armados al margen de la ley, interesados en el vasto lugar para fortalecer sus economías ilícitas, incluso sus intereses militares y políticos.

“Desde la Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación por la precaria acción del Estado, a través de sus políticas públicas y presencia institucional, en la Sierra Nevada, donde deben ser garantizados los derechos de quienes allí habitan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Su falta de reacción oportuna, indica Camargo Assis, “frente a las presiones ejercidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas de resguardos indígenas y áreas aledañas también nos genera intranquilidad, toda vez que sus dinámicas de coexistencia, disputas territoriales, entre otras, están afectando a la población”.

Los pueblos indígenas en peligro son Ette Naka, Yukpa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa; también, comunidades campesinas y negras cuya labor se concentra en actividades agrícolas y de pancoger. Todos son susceptibles de condiciones de vulnerabilidad social y económica, han estado expuestos a agresiones contra su vida, integridad, libertad y seguridad.

Lo que está sucediendo en ese lugar, unidad territorial del que forman parte los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, es una problemática que viene de hace varios años. El Auto de seguimiento 004-09 a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional reconoce la vulnerabilidad y condición como víctimas de los pueblos étnicos, y su llamado es a que tengan protección especial.

En los últimos cinco años, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado con ocho documentos de advertencia, como Alertas Tempranas e informes de seguimiento, sobre los riesgos de violaciones masivas a los derechos fundamentales de todas las comunidades que residen en la Sierra Nevada.

“En consecuencia, llamamos al Estado colombiano para que atienda con la debida diligencia y celeridad la grave situación humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades que residen en la Sierra Nevada de Santa Marta”, es la solicitud del Defensor del Pueblo.

A los grupos armados ilegales, finalizó Camargo Assis, “respeten y cumplan al pie de la letra los principios del derecho internacional humanitario, entre ellos uno de los más importantes, el de distinción. No instrumentalicen, estigmaticen, recluten, tampoco obliguen al confinamiento y al desplazamiento forzados, a la población civil”.