La Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otros, que busca proteger el derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios; que han sido afectados y amenazados por sus acciones y omisiones, en particular, el descuido en la expedición del Conpes que establezca una nueva política farmacéutica nacional, la cual sigue sin tramitarse, y fuera ordenada por la Ley Estatutaria de Salud.

Se espera que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) regule todo el sistema de medicamentos del país, desde la expedición de registros, la fabricación, importación, comercialización, los sistemas de control y regulación de precios; con el fin de garantizar su disponibilidad para el tratamiento de todas las enfermedades que aquejan a los colombianos.

En espera de la decisión del Tribunal, la Procuraduría, alertada por los actores del sistema de salud, sobre la escasez y desabastecimiento de medicamentos, radicó en septiembre de este año, un memorial informando al alto Tribunal sobre las afectaciones a los derechos colectivos de los ciudadanos como resultado de las omisiones del Ministerio de Salud y Protección Social y de su entidad adscrita, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la cual acumula 27.904 trámites de registros sanitarios sin evacuar.

Los trámites acumulados, corresponden a nuevas solicitudes de registros sanitarios, renovaciones, modificaciones y autorizaciones de publicidad que han impedido tener en el mercado miles de medicinas como vacunas, anticancerígenos, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiagregantes plaquetarios, anticonvulsivantes, y otros vitales para el tratamiento de enfermedades mentales, enfermedades huérfanas y enfermedades catastróficas que requieren niños, adolescentes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional.

Por tanto, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha dado la razón a la Procuraduría y ha decretado como medida cautelar de urgencia, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima, que en un término máximo de diez días, se presente un plan de respuesta que contenga las acciones orientadas a resolver la crisis de escasez de medicamentos; también a priorizar el diligenciamiento y resolución de las más de 27 mil gestiones sin resolver y a garantizar la suficiencia de las materias primas necesarias para la producción de medicinas en el país.

De esta manera, el Ministerio Público vigilará el estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal.