La Corte Constitucional le dio 30 días hábiles al Gobierno para que explique por qué pide aplazar hasta abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional, que actualmente está prevista para el primero de abril de 2027. La decisión, tomada por unanimidad, con siete votos a favor, permite estudiar la solicitud del Ejecutivo, pero no significa que ya se haya aprobado el cambio de fecha.

El hecho sucede, después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y Colpensiones solicitaran a la Corte más tiempo para preparar la puesta en marcha de la reforma. El Gobierno considera que los seis meses previstos inicialmente son insuficientes y busca que se evalúen las consecuencias económicas de cumplir la decisión judicial en el plazo establecido.

Así las cosas, para estudiar esta petición, la Sala Plena autorizó la apertura de un incidente de impacto fiscal. En tal sentido términos, se trata de un mecanismo que permite al Gobierno explicar cómo una decisión de la justicia puede afectar los recursos del Estado y pedir que se revise la forma o el momento en que debe cumplirse. Por lo que, el ministro tendrá 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para presentar sus argumentos, si no lo hace, la solicitud será declarada desierta.

La reforma pensional sigue en medio de un proceso judicial luego de que, en agosto de 2026, la Corte Constitucional estudiara durante varias horas las demandas presentadas contra la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. En su decisión, contenida en la Sentencia C-264 de 2026, el alto tribunal declaró válida la mayor parte de la ley y estableció que las disposiciones avaladas entrarían en vigencia el primero de abril de 2027.

El proceso llegó a la Corte después de varios cuestionamientos sobre la aprobación de la reforma, entre ellos los presentados por la senadora Paloma Valencia. Tras cerca de dos años de discusión, la Sala Plena avaló el trámite de 85 artículos con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra, luego de más de nueve horas de debate. El conjuez Carlos Márquez fue quien se apartó de la decisión.