El aumento extraordinario y al parecer injustificado de las tarifas de energía en zonas del país como la Costa Atlántica, que ha tenido un amplio debate desde septiembre de 2022, está en el foco de atención de la Contraloría General de la República, que por medio de su Delegada de Minas y Energía avanza en un estudio sobre el tema.

Se realiza un amplio análisis para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos.

Al organismo de control le preocupan varias situaciones, entre otras, la demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras. Asimismo, la exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía, que ha llegado a superar los $ 1.059 kW/h en la última semana, y la suspensión de contratos de energía de largo plazo, aumentan la incertidumbre en el sector.

Para la Contraloría, se requieren medidas integrales, ya que está en riesgo la expansión de la oferta de energía y estabilidad regulatoria y contractual y, por lo tanto, la prestación del servicio de energía en el país.

Este análisis estará disponible finalizando noviembre de 2023, anunció el Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, quien resumió así algunas de las preocupaciones del ente de control sobre el tema del suministro y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, como de todos los servicios públicos, y del sector minero energético.