Seis hallazgos fiscales por más de 1.999 millones de pesos determinó la Contraloría General de la República en una auditoría al servicio de alimentación a la población privada de la libertad a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Según expuso el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya, en un conversatorio sobre los resultados del control fiscal en el tema carcelario, en el período 2018-2022, los resultados esta auditoría son bastantes preocupantes y han llevado al organismo de control a prender las alarmas.

“Hemos encontrado situaciones que asustan: la calidad de la alimentación es mala, hay deterioro, jugos que se dañan muy rápidamente y un gran problema de gramaje”, indicó.

Agregó que incluso a veces los mismos guardianes del INPEC determinan que hay comida que no está en un correcto estado para el consumo humano.

La Contraloría encontró incumplimiento de normas y órdenes sanitarias, así como de minutas alimenticias.