La Contraloría General de la República, realizó un estudio que analizó la gestión y ejecución de los recursos públicos inmovilizados en fiducias con corte a diciembre de 2024, el cual concluyó que esta situación deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social.

Por un lado, la pérdida económica se manifiesta en el costo de oportunidad, dado que el rendimiento real de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad, es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente. La pérdida social se refleja en el retraso en la entrega de bienes y servicios (costo de la no oportunidad social) y en el riesgo de que la ejecución de los contratos derivados, representen una de las mayores demoras a futuro del proceso, afectando el cumplimiento efectivo de las metas propuestas para el cumplimiento de sus objetivos.

El estudio reveló que una parte considerable de los recursos públicos administrados mediante contratos fiduciarios permanece inmovilizada, a pesar de que estos mecanismos fueron creados para promover la eficiencia y la transparencia. A diciembre de 2024, del universo de $13,48 billones en 787 negocios fiduciarios, $ 4,84 billones (156 negocios) estarían sin ejecutar, lo que equivale al 35,61 % del total. Esta situación representa no solo una ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos.

En cuanto a las entidades públicas, de una muestra de negocios fiduciarios por valor de $ 390.265 millones, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda con $ 165.255 millones inmovilizados (42,34 %) es la entidad que lidera esta situación, seguido por el Ministerio de Comercio con $ 109.320 millones (28,01 %) y el Ministerio de Salud con $ 67.792 millones (17,37 %).

Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($ 168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($ 74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($ 46.979 millones), evidenciando una alta concentración en pocas entidades. Estos resultados subrayan la necesidad de focalizar acciones correctivas en sectores y actores críticos para reducir la inmovilización y mejorar la eficiencia del gasto público.