En el marco del foro “La primera Infancia Indígena deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención acerca de la crítica situación para los niños y niñas indígenas que siguen enfrentando múltiples problemáticas estructurales, con niveles de vulnerabilidad significativamente más elevados que los de la población general, particularmente en la primera infancia.

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para Población Focalizada, realizó una evaluación sobre la oferta de servicios de atención integral a la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción, correspondiente a las vigencias 2023 y 2024. El estudio tuvo como propósito determinar la eficacia y pertinencia de las acciones del Estado dirigidas a garantizar los derechos de esta población.

De acuerdo con el análisis de la Contraloría la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición, entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional. Así mismo, el diagnóstico sobre política pública para niños, niñas y adolescentes realizado por la Contraloría General de la República en 2024, identificó estas problemáticas y analizó el desempeño de los entes territoriales (32 departamentos y 32 capitales) en la garantía de derechos. El estudio evidenció que departamentos como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los desempeños más bajos, coincidiendo con territorios de alta presencia de comunidades indígenas.

Por otro lado, con base en la información recogida por la entidad el Censo Nacional de Población y Vivienda del Dane 2018, registró 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales 205.328 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, el Dane no cuenta con proyecciones actualizadas de esta población y los censos del Ministerio del Interior se encuentran incompletos, lo que impide tener certeza de las cifras reales de la primera infancia indígena. Esta carencia constituye una barrera tanto para la formulación de políticas públicas como para la medición de resultados en términos de cobertura y universalización.

El Contralor General señaló: “Es importante resaltar que los resultados de este análisis mostraron que, aunque se han realizado esfuerzos importantes, persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos”.