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La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en La Guajira, abrió 4 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $ 3.122 millones de pesos por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que mejorarían las condiciones de acceso al agua, para consumos con soluciones integrales en las comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure.
La entidad afectada por este daño fiscal es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por el incumplimiento contractual de 4 contratos de obra derivados de un convenio interadministrativo que suscribieron esta entidad, el Fondo de Inversión para la Paz y la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. (actuando en representación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).
Los contratos de obra sobre los cuales se dio un presunto incumplimiento en su ejecución son los siguientes:
A este proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales los entonces subdirector general y secretaria general del DPS, así como supervisores, contratistas, interventores y compañías aseguradoras (estas en calidad de Terceros Civilmente Responsables).
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