“Hay que movilizar a la sociedad civil al Congreso para que sus posturas sobre la reforma a la salud sean escuchadas y tenidas en cuenta. Hago un llamado a que sea aplicado el reglamento del Congreso de la República, de manera concreta, el capítulo noveno de la Ley 5 de 1992, pues la sociedad civil, como lo establece el artículo 230 de esta Ley Orgánica, otorga a los particulares la posibilidad de presentar observaciones sobre este tema tan importante, no solamente para quienes integran el sistema de salud, sino para todo el pueblo colombiano”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El llamado del Defensor del Pueblo, como garante y protector de los derechos humanos en Colombia, se da luego de un nuevo encuentro de ‘Diálogos Ciudadanos sobre la Reforma a la Salud’, espacios que ha venido liderando, en el que escuchó atentamente las posturas que tienen ciudadanos y representantes de importantes gremios del sector, quienes manifestaron la necesidad de ser escuchados por el Congreso.

Carlos Camargo Assis concluyó, al final del foro realizado en la sede nacional de la Defensoría, en Bogotá, que aún hay voces que se sienten apartadas del debate sobre esta reforma, máxime que, después de dos meses de haber recogido las propuestas de siete sectores, el clamor sigue siendo el mismo.

“Con respeto por la independencia de cada rama del poder público, le solicito a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y a la Presidencia de la Comisión Séptima que programen una sesión específica en la que sean escuchados todos los sectores, de manera ordenada. Las organizaciones de pacientes y usuarios, al igual que a los demás actores del sistema; necesitan que se les dé la palabra en el recinto de la democracia para enriquecer el debate y construir un sistema que proteja este derecho fundamental”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Los voceros de la sociedad civil y los representantes de las distintas organizaciones manifestaron sus distintas posiciones, quienes no se identifican con el proyecto de reforma esbozaron sus razones: la primera, fracciona el derecho fundamental a la salud; la segunda, entrega los recursos a los alcaldes y gobernadores, pues pasarían a ser ordenadores del gasto; y la tercera, no resuelve, según ellos, ninguno de los problemas actuales del sistema de salud.