La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, evidenció que entre enero y agosto del 2023 se registraron 1080 conflictos sociales, que representa un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se registraron 804.

La totalidad de los eventos ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos del país, donde Bogotá registró el 15 % de los sucesos; Magdalena, 7 %; Bolívar, 7 %; Santander, 7 %; Antioquia, el 6 %; Valle del Cauca, 5 %; Atlántico, 5 %, La Guajira, 5 %; Norte de Santander, 4 % y Cauca, 4 %.

Se debe resaltar que en lo corrido del año 2023 los conflictos que han tenido una mayor relevancia en el contexto nacional son: los conflictos laborales (16 %), los conflictos por la garantía al derecho a la educación (15 %), los conflictos por la inversión o presencia estatal (12 %), los conflictos en el sector transporte (11 %), los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11 %) y, los conflictos por las falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10 %).

“Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe, elaborado por la delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, señala que mayo y julio fueron los meses con el mayor número de eventos: 165 y 169, respectivamente.

Atendiendo al mismo periodo comparativo, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos o cortes de ruta (40 % de los eventos), plantones o concentraciones (28 %), marchas o movilizaciones (13 %), paros cívicos o cese de actividades (7 %), ocupación o toma de instalaciones (4 %), otros (4 %). Cabe resaltar que solamente en el 10 % de estos eventos se registraron disturbios.

Por otra parte, se prevé, que en lo que resta del año, la manifestación de conflictos sociales relacionados con el apoyo u oposición a los proyectos que se tramiten en esta legislatura, el proceso electoral, las afectaciones por el fenómeno de El Niño, el control de la actividad minera, la situación del sector agropecuario, conflictos en el sector transporte y por deficiencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios.