La Defensoría del Pueblo, como entidad nacional que defiende y garantiza los derechos humanos, insta a la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, instalada recientemente, a establecer un salario mínimo para el próximo año ajustado a las realidades socioeconómicas.

“Es vital lograr una concertación técnica que reconozca la inflación y el comportamiento de la productividad para que se pueda mantener el poder adquisitivo de los colombianos, sin castigar el crecimiento económico y la generación de empleo”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo respalda un enfoque integral que considere no solo el monto del salario mínimo, sino también las condiciones generales de trabajo y el acceso a beneficios sociales. “El salario mínimo, como derecho constitucional y obligación social que goza de la protección especial del Estado, no es solo un número, sino un instrumento para asegurar que los trabajadores tengan un nivel de vida acorde con la dignidad humana”, aseguró Camargo Assis.

Este salario debe cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias y en ningún caso ser argumento para la explotación laboral y la precarización del empleo, indicó el Defensor del Pueblo: “Por ello, la protección de los derechos humanos laborales implica no solo un salario digno, sino condiciones laborales justas y oportunidades de desarrollo para los trabajadores”.

En el proceso de negociación, es preciso resaltar que los factores de productividad e inversión empresarial son motores indiscutibles a tratar como desarrollo de la economía, y es que, de acuerdo con el índice de crecimiento económico del Dane, a octubre de este año fue de tan solo 0,3 %, lo cual amenaza un escenario de recesión, que, de configurarse, sería desastroso para el país.

“Los temas sobre procesos de productividad, mercado laboral, contexto macroeconómico, coyuntura económica, entre otros, deben ser abordados con un enfoque imparcial y objetivo, en los que prime el diálogo entre los representantes de las centrales obreras, del gremio empresarial y del Gobierno central”, expresó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Para octubre del 2023 en Colombia, de acuerdo con el Dane, la población ocupada fue de 23,1 millones de personas, y al comparar la cifra con el mismo mes del año anterior, cuando registró 22,6 millones de ocupadas, tuvo una variación del 2,1 %, es decir, 476.000 personas más ocupadas.

“La definición del salario mínimo, como tarea de gran relevancia, debe permitir el acceso a condiciones de trabajo decentes, a la seguridad social y a la igualdad de oportunidades”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

La entidad nacional de derechos humanos, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, continuará con su labor misional relacionada con la defensa de los derechos laborales y económicos de los habitantes del país.