Como una medida de reparación material efectiva, la Unidad para las Víctimas, en un trabajo articulado con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se logró la indemnización de 2.333 víctimas con $ 21.186.214.000 entregados por las antiguas Farc-EP en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016.

Este es el resultado de la gestión que la Unidad inició en octubre de 2022 y que terminó el pasado 31 de enero. Los bienes y los activos patrimoniales de la extinta guerrilla fueron monetizados mediante un procedimiento especial que adelantaron la SAE y el Consorcio Fondo de Víctimas.

Aunque anteriormente se habían indemnizado a sujetos colectivos con recursos provenientes de las Farc-EP, esta es la primera vez que se implementa la reparación individual con una fuente diferente al Presupuesto General de la Nación, y se llevó a cabo teniendo en cuenta criterios de priorización; es decir, las víctimas indemnizadas tienen condiciones de urgencia manifiesta y extrema vulnerabilidad.

Por este motivo, entre las 2.335 personas se encuentran víctimas mayores de 68 años, en situación de discapacidad, que sufren de alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo, así como también quienes hayan sufrido los hechos victimizantes en los lugares donde ocurrieron la mayor cantidad de actos violentos por parte de la antigua guerrilla.

Del total de indemnizaciones, $ 10.768.678.000 beneficiaron a 1.205 mujeres y $ 10.417.536.000 favorecieron a 1.128 hombres, de los cuales 360 personas se reconocen como negras o afros y 217, como indígenas.

En este proceso se entregó el 71 % de los recursos ($ 15.154.369.000) a 2.057 víctimas de desplazamiento, el 14 % ($ 2.980.824.000) a 168 afectados por el homicidio de sus familiares, el 6 % ($ 1.180.204.000) a 31 personas por secuestro y el restante 9 % ($ 1.870.817.000) por hechos victimizantes como desaparición forzada, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales o tortura.

Además, con parte de esos recursos fueron constituidos 67 encargos fiduciarios a niñas, niños y adolescentes. Esta figura permite confiar el dinero de la indemnización a una entidad financiera hasta que los menores de edad cumplan 18 años, tengan su cédula y puedan hacer uso de esta medida de reparación integral.