Los complejos hechos de violencia vividos en el corredor minero entre Cesar y La Guajira, tal como en la región de los Montes de María, en Bolívar y Sucre, son abordados de manera colaborativa entre la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de mesas bilaterales de investigación.

Los grupos de investigadores unen esfuerzos para compartir acumulados investigativos y análisis frente a casos de violencia, abandono forzado y/o despojo de tierras. Esta labor articulada facilita el cumplimiento de la misionalidad para ambas partes: por un lado, permite a la JEP identificar a los responsables del conflicto armado, mientras que la URT fortalece el acervo probatorio para presentar demandas de restitución en dichas regiones.

Como resultado de esta labor, la Unidad ha logrado contribuir con el diseño de preguntas a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, respecto a hechos de desplazamiento y/o despojo de tierras en estas zonas, conformadas así: el corredor minero por los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, en Cesar, tal como Albania, Barrancas y Hatonuevo en La Guajira; y los Montes de María, por los municipios de San Juan Nepomuceno, María la Baja, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano, en Bolívar, así como San Onofre, Toluviejo, Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos y Palmito, en Sucre.

“En ningún otro escenario, la entidad hubiera podido aportar preguntas o avanzar en pesquisas a exmiembros de la Fuerza Pública, o a funcionarios que están siendo investigados por la JEP y que participaron en los hechos de violencia que afectaron estas regiones”, enfatizó Paula Villa, directora jurídica de la URT.