Restituir derechos territoriales en la denominada ruta colectiva y el marco de la justicia transicional, representa un gran reto para la Unidad de Restitución de Tierras. En ese sentido, para la URT el 2023 es un año para reimpulsar la gestión de la entidad en La Guajira, dando efectivo cumplimiento a la legislación específica que posibilita la atención a favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, bien sea por despojo o abandono forzado de sus territorios ancestrales.

El plan de acción 2023 contempla la presentación de seis demandas de restitución en La Guajira y es por ello que la Dirección de Asuntos Étnicos, DAE de la URT, desarrolla un intenso trabajo en este departamento que ha priorizado, debido a la cantidad de solicitudes y procesos que cursan en la entidad.

De lo anterior se tiene que, en territorio guajiro, actualmente la URT gestiona atención para cinco consejos comunitarios afros e igual cantidad de resguardos o comunidades indígenas, los cuales se suman al cumplimiento de las órdenes judiciales post fallo vinculado a la sentencia en favor de la comunidad indígena Kogui, asentada en Tugeka, jurisdicción del municipio Dibulla, en las estribaciones Sierra Nevada de Santa Marta.

La atención a estas comunidades que han resistido la afectación de sus derechos territoriales obliga a que la URT despliegue sus equipos étnicos por la Alta, Baja y Media Guajira, estableciendo presencia en Uribia, Maicao, Riohacha, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas y Fonseca, ocho municipios del departamento que poseen el territorio actualmente reclamado por las comunidades étnicas y consejos comunitarios afros, con base a los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.

En el primer semestre del año 2023, la DAE realizó cuatro socializaciones de los decretos específicos descritos y orientó a las comunidades sobre la ruta colectiva de restitución. Este es el primer paso establecido para atender a los consejos comunitarios afrodescendientes: Antonia Solano y La Guayabita, asentados en los municipios Dibulla y Riohacha, respectivamente. Asimismo, atendió a las comunidades del resguardo Cerrodeo y a la comunidad Iwasai, Portete, Waritpanture y Parrusamana, ambas comunidades étnicas wayuu con territorio ancestral en Barrancas y Uribia.