En Colombia al igual que en otros países de Latinoamérica las personas Trans (transgénero, transexuales y travestis) son sometidas a todo tipo de actos discriminatorios y violentos desde temprana edad, lo cual, sumado a las barreras económicas, sociales, culturales e institucionales, hacen que sea más difícil su participación en escenarios públicos y de participación. De acuerdo con cifras de la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans – GAAT, entre el 01 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de este año 29 personas trans han sido asesinadas.

Esta violencia basada en la discriminación por una identidad y expresión de género diversa, en muchos casos institucionalizada, invisibilizada y naturalizada tiene implicaciones en los derechos políticos y electorales de las personas trans, entre esos su derecho al voto. Es por esta razón que desde junio de este año la Misión de Observación Electoral (MOE), la Corporación Caribe Afirmativo y la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) iniciaron la elaboración de una propuesta de protocolo que incorpora medidas para que las personas trans no sean violentadas en los puestos de votación.

La construcción de este protocolo incorporó la visión de la sociedad civil, de activistas independientes, de agencias de cooperación internacional y de delegaciones de diferentes embajadas, el cual fue presentado el 10 de septiembre ante el Consejo Nacional Electoral – CNE- y aprobado en su totalidad por esa corporación en el mes de octubre de este año.

Para las tres organizaciones es un hecho histórico que Colombia se convierta en el segundo país en América Latina, después de México, en aprobar un protocolo que garantice condiciones de igualdad para las personas trans. Esta es una medida que invita a que las instituciones, organizaciones políticas, entidades de control y sociedad en general discutan y reconozcan una problemática que por años ha sido invisibilizada, como lo es la violación a la intimidad cuando no existe correspondencia entre el documento de identidad y la expresión de género de las y los votantes, las requisas y corroboración de identidad basadas en estereotipos y prejuicios, al igual que los comentarios denigrantes, la solicitud de cambios o retiro de elementos que hacen parte de la apariencia corporal y la imagen estética, comportamientos realizados por algunos actores del proceso electoral.

Con estas acciones Colombia avanza hacia la ampliación de la democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las personas trans quienes por muchos años se han enfrentado y se enfrentan a una sociedad que les ha segregado. Se reconoce la importancia de sus voces en las discusiones políticas, y se traza un camino para que puedan acercarse sin temor a depositar su voto.