Los afectados se habrían apropiado de 2.839 millones de pesos de un contrato destinado a la atención de comunidades indígenas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Manaure (La Guajira) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julio César Castillo y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, funcionarios de una Institución Prestadora de Salud (IPS) que atendía a la población indígena de La Guajira.

Los procesados, supuestamente, incurrieron en irregularidades durante la ejecución de un contrato suscrito con la Alcaldía de Manaure (La Guajira). Al parecer, la IPS no contaba con la idoneidad ni la capacidad logística requerida para cumplir el objeto del convenio que contempló la atención médica, el seguimiento nutricional mensual de las comunidades, y la entrega de mercados y agua potable a 2.000 familias de la alta Guajira afectadas por el fenómeno del niño en 2015.

En las investigaciones se determinó que Julio César Castillo, en su calidad de gerente de la IPS; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, contador y revisor fiscal de la misma; habrían incurrido en posibles actos de corrupción para apropiarse de 2.839 millones del referido contrato, cuyo costo alcanzó los 8.000 millones de pesos.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.

Posibles irregularidades

El material probatorio demostraría que Castillo giró 30 cheques, cada uno por 3.000 millones de pesos, los cuales presuntamente fueron cobrados por él mismo. Hay indicios de que alimentos, adquiridos supuestamente por $ 900’000.000, no llegaron en su totalidad a las comunidades necesitadas. Asimismo, se conoció que los productos comprados fueron facturados con un sobrecosto de 50 %.

En cuanto al servicio médico especializado para los 8.000 mil beneficiados, se determinó que los médicos solo estuvieron en una ocasión con la población y atendieron a 1.621 personas. El contrato disponía visitas de valoración durante cinco meses.

Otra de las anomalías estaría relacionada con la indebida contratación de personal médico (enfermeras, nutricionistas, vacunadoras, ginecólogos, internistas y trabajadoras sociales), profesionales que fueron contratados por sueldos inferiores a $ 6’000.000. Sin embargo, fueron reportadas vinculaciones laborales hasta por $ 58’000.000.