Los recursos de la salud son sagrados y Cajacopi EPS es garante del uso que se les dé, por eso, la compañía empezó un proceso de investigación de 234 casos de posibles simulaciones laborales para el cobro de licencias de maternidad, de los cuales, 104 ya han sido denunciados ante la Fiscalía.

Este control de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, propio de las EPS, ha evitado que Cajacopi EPS haga el pago de $ 1.800 millones, lo anterior, a través de una defensa férrea en instancias judiciales, debido a que muchas de estas personas han usado la tutela como el mecanismo para obligar a las empresas prestadoras de salud a que hagan los desembolsos de estas licencias de maternidad.

Cajacopi EPS informó que desde el año pasado se empezó a analizar el comportamiento de algunas personas, más específicamente, de mujeres en estado de gestación que pasaban del régimen subsidiado al contributivo con salarios exorbitantes.

La situación llamó la atención, pues son personas, aparentemente en condiciones vulnerables, que nunca habían trabajado y que conseguían, en muchos casos, su primer empleo con salarios que oscilaban entre los 3 y 9 millones de pesos.

Ante esta situación se empezó a investigar con estas personas y los contratantes y se evidenció que eran empresas de papel, no tenían una sede, además, era reiterativo que hicieran un aporte a la salud del 4 % y no del 12 % como lo establece la norma.

Adicional a esto, son personas entre los 18 y 35 años que durante su periodo de cotización no hicieron los aportes al sistema pensional.

Cajacopi EPS explica que cuando llamaban a las beneficiarias de las licencias les respondían cosas incongruentes sobre su labor, su salario y era evidente que había algo irregular.

A raíz de esto, la empresa ha instaurado los procesos judiciales antes mencionados y ha denunciado la forma de operar de estas personas. Son casos que se han presentado en Barranquilla y Villavicencio, principalmente. Solo en la capital del Atlántico se han impuesto 77 denuncias ante la Fiscalía, aproximadamente.

Son personas que se acercan a las IPS, identifican a las potenciales personas y les manifiestan que hay un beneficio del Estado, les hacen un proceso de vinculación laboral y empiezan a hacer los aportes para cobrar, al final del embarazo, las licencias.

En vista de esta situación, Cajacopi EPS ha decidido hacerla visible debido a que afecta los recursos destinados para la salud de los colombianos.

Por estos hechos, en pasados días, se reportaron las capturas de siete personas en la ciudad de Villavicencio a las cuales les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada continuada, fraude procesal y utilización ilícita de redes de comunicaciones.

El juez además suspendió, temporalmente, las matrículas mercantiles de las empresas vinculadas a estos hechos e inhabilitó a los representantes legales para constituir otras empresas. De los siete capturados a tres se les impuso medida de aseguramiento intramural y a los restantes detención domiciliaria.

Ante esta situación, Cajacopi EPS hace un llamado a jueces, fiscales y demás instituciones de la rama judicial a tener vigilancia especial sobre este tema, debido a que están en juego recursos públicos de la salud y en muchos casos los ‘supuestos beneficiarios’ han acudido a todo tipo de herramientas jurídicas para reclamar dineros que no les corresponden.