Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, la entidad nacional de derechos humanos le hizo un seguimiento permanente al cese al fuego bilateral decretado a comienzos del año anterior por el Gobierno Nacional con varios grupos alzados en armas. El resultado del estudio deja mucho que desear, toda vez que la población civil es la principal víctima, al vulnerársele derechos fundamentales como a la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.

“A partir del monitoreo que adelantamos, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Para darle confianza a la ciudadanía en el avance de los actuales diálogos de paz y ceñidos a los resultados del balance, enfatiza el Defensor, “es fundamental un compromiso expreso de todas las estructuras armadas al margen de la ley, como frenar definitivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad que se encuentran en sus filas y terminar con el delito del secuestro, además de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio”.

Una acción directa son hechos bélicos y hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados involucrados en los decretos del cese, y las acciones indirectas son aquellas situaciones ejercidas por las organizaciones armadas ilícitas que atentan contra los derechos humanos (DD. HH) y violentan lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH), cuyos afectados son los civiles.

“En la mayoría de los casos, los departamentos y municipios en donde ocurrieron estas acciones habían sido previamente advertidos mediante nuestras Alertas Tempranas. Vale advertir que el departamento del Cauca fue, de lejos, el más afectado, con 21 de las 34 acciones directas”, indica el Defensor del Pueblo.

Le siguió Huila, con cuatro; después Valle del Cauca, con tres; Nariño, con dos; posteriormente, Antioquia, Arauca, Guainía y Guaviare, con una acción directa cada departamento.

El monitoreo da cuenta de que 27 de las 34 AD ocurrieron en el primer semestre del 2023, siendo enero el mes en el que más se presentaron, con siete. Luego estuvieron febrero y abril, con seis cada uno; marzo y noviembre, con cuatro cada uno; mayo, junio y octubre, con dos AD cada uno, y agosto, con una. En julio y diciembre no hubo acciones directas.

Del total, 32 fueron cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc (94 %), y hubo un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Corinto (Cauca) fue el municipio donde más hubo AD, con cinco; le siguieron Suárez, Patía y Buenos Aires (Cauca), con tres cada población, La Plata (Huila), con tres; Buenaventura (Valle del Cauca), con tres; Argelia (Cauca), con dos.

En el 62.5 % de los 16 municipios donde se registraron acciones directas, hubo homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.

Acciones indirectas

De las 202 AI, marzo y mayo fueron los meses cuando más se registraron, con 28 cada uno; febrero y junio, con 25 cada uno; enero y octubre, con 19 cada uno; agosto, 16; noviembre, 15; abril, 13, y diciembre, tres. En julio no fueron registradas acciones indirectas, dado que fue un periodo de transición entre la primera y segunda fase del cese al fuego bilateral.

“El grupo con más acciones indirectas registradas fue el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, con el 58 % de las acciones; le siguieron el Eln, con el 20 %; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo, con el 8 %, y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, con el 7 %. El 7% de los casos no pudo ser esclarecido”, señala Camargo Assis.

Confrontaciones armadas entre el EMC y la Segunda Marquetalia contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Arauca, son parte de las acciones indirectas identificadas por la Defensoría del Pueblo que derivaron en desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad, extorsiones, entre otros.