El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel presentó las principales acciones de inspección, vigilancia y control, realizadas por la Entidad durante la vigencia 2020 para garantizar el cumplimento de los derechos de los usuarios del sistema de salud en el país, en términos de calidad y oportunidad.

El alto funcionario manifestó que, como resultado del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional; las administraciones departamentales y locales y los interventores asignados por la Superintendencia, 14 hospitales que se encontraban en total abandono reportan hoy la estabilización de su operación y alcanzaron un aumento significativo en el número de camas UCI, lo que arroja un balance positivo en estos centros asistenciales de 427 camas habilitadas y funcionando para este servicio.

Estos hospitales también pasaron de tener 67 camas de cuidados intermedios a 112, y de 0 camas de aislamiento a 426. Recordemos que, de estos, 6 fueron intervenidos durante la emergencia sanitaria porque representaban un riesgo para garantizar la atención de los usuarios en sus departamentos y áreas de influencia, en especial en medio de la contingencia por el Covid-19”, dijo el Superintendente Aristizábal Ángel.

Bajo esta medida también están: el Universitario de Sincelejo, en Sucre; el Hospital San José de Maicao, en La Guajira; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco en Nariño; el Río Grande de la Magdalena de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería Córdoba; y el Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta en Magdalena.

Durante la pandemia se ordenó la intervención del San Diego de Cereté, en Córdoba; el San Marcos de Sucre; el San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó; el San Rafael de Leticia, Amazonas; el Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Magdalena y el Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, en Norte de Santander.

La Supersalud continúa oxigenando las clínicas y hospitales en todo el país, a través de la ejecución de mesas de flujo de recursos y sus jornadas de conciliación; logrando acuerdos de pago por 848.000 millones de pesos, la mayoría realizadas de manera virtual en medio de la pandemia.