En el marco del panel ‘Avances en la lucha contra la corrupción’, organizado por la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se refirió a la estrategia investigativa para combatir hechos de corrupción en los sectores público y privado del país.

El ente acusador adelanta 52.000 investigaciones priorizadas. “Hoy en la Fiscalía General de la Nación estamos detectando los fenómenos criminales que se atan a hechos de corrupción. Hemos realizado 7.938 imputaciones, solicitado 1.889 medidas y logrado 1.300 condenas”, señaló el fiscal Barbosa.

Entre los procesos en los que se han logrado avances significativos están los desarrollados por las presuntas irregularidades en los contratos al amparo de la pandemia por el covid -19. En ese contexto, fueron citados a imputación 33 alcaldes; judicializados tres gobernadores y dos concejales. Además, se han revisado más de 6.000 contratos.

Por otros hechos de corrupción, el fiscal general señaló también que “en año y medio, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia han judicializado a 6 gobernadores elegidos en octubre de 2019, y se han obtenido condenas contra 9 exgobernadores”.

Precisó que en este frente “La estrategia es no actuar solos, sino en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Así somos más contundentes. Sectorizamos los aspectos de corrupción y tenemos mesas técnicas de priorización”.

Caso MinTic

Durante su intervención en el panel el Fiscal General dio a conocer que por la supuesta corrupción detectada en un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asciende a los $ 70.000 millones para proveer de Internet a escuelas rurales, la entidad adelanta varias acciones investigativas.

“El caso está priorizado está en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, reveló el fiscal Barbosa.

Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales. Igualmente, otra línea relativa a la entidad o el contratista que presentó los documentos; una más en torno a la expedición de las pólizas y otra, para determinar cómo se produjo el giro de los recursos.